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Corte Constitucional declara inexequible ley 1518 de 2012.

 

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Derechos de autor de las obras reproducidas y publicadas en línea por los motores de búsqueda 

Ernesto Rengifo García

Los motores de búsquedas son una importante herramienta tecnológica que facilita la difusión y acceso a información en internet. Sin embargo, cuando se trata de obras protegidas por el derecho de autor –para el caso del derecho continental– o copyright –para la tradición anglosajona– existe la dificultad de definir si los motores de búsqueda infringen los derechos de los titulares de estas obras. 

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Caso imatinib: análisis técnico y jurídico del trámite de patente en Colombia 

Luisa Fernanda Díaz Pinilla, Rafael Guevara, Natalia Lamprea, Óscar Lizarazo-Cortés

 

Imatinib –comercialmente disponible como Gleevec® o Glivec®– es un medicamento empleado principalmente en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica. La protección de este medicamento por patente en Colombia, en la forma de una entidad polimórfica denominada forma Beta (β) del mesilato de Imatinib, muestra un trámite muy divergente entre la postura de la Superintendencia de Industria y Comercio que en 2003 niega la patente, y la postura del Consejo de Estado que en 2012 revoca dicha negación y ordena conceder la patente. 

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Corte Constitucional declara inexequible ley 1518 de 2012.

 En días pasados la Corte Constitucional declaró inexequible la ley 1518 de 2012 por medio del cual se aprobaba el  “Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales” de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de noviembre de 1978 y el 19 de marzo de 1991”.

Esta decisión se fundó en un vicio de forma bajo el argumento que “la consulta previa a los pueblos indígenas y tribales sobre medidas legislativas o administrativas que los afectan directamente, constituye un derecho fundamental de las minorías étnicas”[1]. La Corte agregó que la participación de los pueblos debe ser real y efectiva, en ese sentido, la consulta a estos pueblos debe ser previa al sometimiento del instrumento internacional por parte del Presidente al Congreso de la República o durante su negociación [2].

En ese orden, nuevos interrogantes surgen toda vez que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos exigía la incorporación por referencia de este Convenio. Ahora bien, ¿qué sucede con la seguridad jurídica?. Esto es un aspecto muy importante a resolver y esto debido a que la regulación que contenía el Acta de UPOV de 1991 no es ajena a la que estaba prevista en la Resolución 1893 de 1995 y a lo señalado en la decisión 345 de 1993, especialmente en lo correspondiente a la atenuación del privilegio del agricultor. Adicionalmente, debe destacarse que el TLC, con el Convenio UPOV 91 dejaba la puerta abierta a la protección concomitante vía patente y mediante el sistema adoptado por esta norma.

Así, esta es una invitación al gobierno nacional para que en la celebración de nuevos instrumentos internacionales consulte previamente a las comunidades indígenas para proteger el patrimonio biológico perteneciente a éstas.

Por:  Brenda Salas, Docente investigadora, Departamento de la Propiedad Intelectual.

Para mayor información consulte http://semillasdeidentidad.blogspot.com/2012/12/corte-constitucional-declara.html

[1] Corte Constitucional COMUNICADO No. 50 Diciembre 5 y 6 de 2012

[2] Corte Constitucional COMUNICADO No. 50 Diciembre 5 y 6 de 2012


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