Experimento editorial para asegurar los derechos de autor en Francia

Sarah Osma Peralta

Una  de las discusiones que genera fuertes tensiones en el mundo digital ha sido causada por la colisión entre los derechos de acceso a la información y los de los titulares de los derechos de autor de las obras que circulan sin restricciones en Internet. Actualmente para armonizar estos derechos en el contexto latinoamericano se puede recurrir al régimen de excepciones y limitaciones contenido en la Decisión andina 531 de 1993, pero gracias a una iniciativa de Google junto al Gobierno francés esto podría cambiar.

Conforme a lo reportado por el diario New York Times[1], la entrada en vigencia del innovador acuerdo suscrito por el Presidente de Francia François Hollande y el presidente ejecutivo de Google Eric E. Schmidt, traerá grandes cambios en el mundo editorial. El innovador acuerdo firmado este mes entre los editores de libros franceses y Google cuenta con una duración inicial de 3 años y consiste en la creación de un fondo con un presupuesto de aproximadamente 60 millones de euros para ayudar a los editores a desarrollar sus unidades digitales. Dentro de las obligaciones establecidas en el acuerdo también está el uso por parte de los editores de las herramientas de la página de Google como, Ad sense, AdMob y Ad Exchange de forma más eficiente, para los partidarios del acuerdo, este es una forma de vigorizar la industria editorial que ha sido fuertemente golpeada por el acelerado crecimiento del consumo de contenidos virtuales y de los e books, mientras que los opositores dentro de los que se encuentran corporaciones con la entidad del Consejo de Editores Europeos ven el acuerdo como la rendición absoluta frente al gigante de la Internet.

Independientemente de las implicaciones del acuerdo el punto en el que los editores de contenidos virtuales no son flexibles, es respecto al pago que tienen que hacer los motores de búsqueda por los enlaces a sus contenidos. Una de las preocupaciones manifestadas en el comunicado de prensa emitido por la directora ejecutiva del Consejo Editorial Europeo[2] Angela Mills Wade, radica en que en el acuerdo no se tocaron temas sustanciales como la necesidad de un modelo de negocio sostenible para los dos extremos de la controversia. Otro de los contradictores del acuerdo ha sido el gobierno alemán que durante años se ha esforzado en el intento de obligar a Google a compartir con los editores las óptimas ganancias que obtiene gracias a la publicidad, a través de regulaciones internas en materia de derechos de autor.

Sobre las inversiones que realizará el fondo constituido con el capital de Google también hay incertidumbre, pues este presupuesto estará a disposición de Google pero los editores podrán presentar propuestas para su destinación, sin que estas sean obligatorias. Por su parte, los administradores del fondo seleccionarán las mejores propuestas para desarrollarlas con la tecnología de Google en Francia lo que beneficiará directamente los niveles  de innovación del país, actualmente otros países europeos como Italia, Austria y Suiza están siguiendo los lineamientos jurisprudenciales de Alemania mientras que países como Bélgica están a favor de esta iniciativa, lo que nos deja a la espera de un faro que nos apunte la dirección más adecuada, la de las legislaciones protectoras de los derechos de autor o la de los acuerdos entre particulares y gobiernos en los que las decisiones que se toman no consultan, como en este caso, los intereses de la totalidad de los miembros de un importante gremio como el editorial.