Biopiratería: el riesgo olvidado por el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA)

Por: Martha Isabel Gómez Lee - Postdoctorado en Berlín sobre coproducción de políticas con los pueblos indígenas en la implementación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA)

Como complemento a mi curso de “Recursos genéticos, biodiversidad y conocimientos tradicionales” de la Maestría en Derecho con énfasis en Propiedad

Intelectual de la Universidad Externado estoy adelantando una investigación postdoctoral con el objetivo de determinar desde el enfoque de la coproducción de políticas cómo ha sido la forma de interactuar entre el Estado y los pueblos indígenas en Colombia en la construcción de las políticas de acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios (ABS en inglés), en el marco del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA) desde 2017 hasta 2020. Indago sobre si los pueblos indígenas han podido participar en la construcción de políticas de políticas de ABS para ver sus intereses reflejados en el servicio prestado por el SNIA, en el que el Estado actúa como intermediario de una red de actores.

Investigo desde el enfoque teórico de la coproducción de políticas, que según Zubriggen et al (2015) nace de las demandas sociales para que la administración pública diseñe e implemente políticas acordes con las necesidades actuales de las personas e implica reclamar un nuevo proceso basado en la innovación con iniciativas y espacios donde se experimente el trabajo conjunto entre actores diversos para resolver problemas públicos.Como lo señalan Valdivieso y Rangel (2019) “el concepto de coproducción se ha vuelto central en buena parte del discurso público sobre Gobierno abierto y profundización de la democracia en América Latina y España (Subirats, 2015; Uvalle, 2011). Se une con muchísima frecuencia a las reflexiones sobre innovación pública (Roth, 2016; Zurbriggen y Sierra, 2017), y se propone como forma de mejorar la calidad del Gobierno”.

 

Avances preliminares de la investigación

En este contexto, el 10 de junio de 2020, presenté el proyecto de investigación que engloba esta investigación y que se titula “Coproducción con los pueblos indígenas de las políticas de acceso a los recursos genéticos en Colombia (2017-20120): Una mirada desde una gestión sustentable, de diversidad biocultural y buen vivir”, por el cual obtuve una beca de estancia de investigación postdoctoral en el Instituto Iberoamericano (IAI) de Berlín, proyectada para el año 2021, como investigadora del Observatorio de  Opera del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Facultad de Finanzas Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia,.

En este evento el CIPE unió esfuerzos con el IAI de Berlín y el Grupo de Investigaciones de Políticas Públicas Compradas de ALACIP, del que formo parte. En este seminario de investigación participaron representantes de la Organización Indígena de Colombia (ONIC), académicos que trabajan en Alemania, Canadá, Argentina y Colombia, actores públicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estudiantes y ciudadanos interesados en esta temática.

Se presentaron los siguientes avances preliminares de la investigación:

1) El Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), creado por medio de la Ley 1876 de 2017, es una arena política en la que compiten ganadores y perdedores con visiones divergentes sobre el significado de la naturaleza y del desarrollo. Es así como en su seno, el enfoque biocultural de los pueblos indígenas cuestiona la noción de la naturaleza como un mero objeto de control y explotación, y resiste la separación entre el hombre como el sujeto y la naturaleza como el objeto, anclado en la concepción del siglo XVII de materialismo mecánico, que es el enfoque que ha guiado las políticas gubernamentales de acceso a los recursos genéticos en Colombia.

2) El Gobierno colombiano y el Gobierno indígena no coinciden en la legitimación de las instancias en las que se podría presentar una coproducción de políticas con innovación participativa y democrática. Por una parte, las demandas sociales de los pueblos indígenas de consulta previa y Consentimiento Previo e Informado en salvaguarda de sus derechos afectados, se deciden en la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas (MPC) y por el contrario en el Consejo Superior del SNIA se decide sobre la asesoría al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) en asuntos sensibles y esenciales para la persistencia de los pueblos indígenas, como son los conocimientos tradicionales, los recursos genéticos y la biodiversidad, que en gran parte está en los territorios indígenas e integran su modo de vida y la identidad cultural transmitida por los abuelos y abuelas.

3) El Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria (PECTIA) orientador del SNIA, contempla como una de sus líneas de acción: optimizar los tramites y tiempos de respuesta de procesos de acceso a recursos biológicos, genéticos y de protección a la propiedad intelectual, y la protección del conocimiento tradicional. Esto ante el riesgo para el Estado colombiano de la persistencia de marcos legales inadecuados para el acceso oportuno de la investigación a los recursos biológicos y genéticos, mientras que no tiene en cuenta que el riesgo para el Gobierno indígena en esta materia está en la biopiratería[1], que es una práctica mediante la cual investigadores o empresas utilizan ilegalmente los conocimientos colectivos de pueblos indígenas que se explotan sin la autorización de sus creadores o innovadores. Es así como en diversas oficinas de propiedad industrial han sido patentados estos conocimientos sobre el uso de la biodiversidad e incluso las propias especies biológicas.

Biopiratería y desprotección del conocimiento tradicional

Este riesgo que preocupa a los pueblos indígenas ha sido corroborado por las indagaciones que ha hecho la Comisión Nacional contra la Biopiratería (CNB), presidida por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de Perú. Se trata de una comisión única en el mundo, que tiene por tarea “realizar búsquedas en las oficinas de patentes de todos los países, con el fin de identificar patentes e incluso solicitudes de estas, en las que estén involucrados recursos biológicos del Perú o conocimientos sobre sus usos que tienen las comunidades nativas del Perú” (Indecopi, 2019).

Tabla 1

Indicadores de la Comisión Nacional contra la Biopiratería (CNB) para 2018

La CNB identificó un total de 67 casos de biopiratería en el sistema de patentes de diversas oficinas a nivel mundial durante el 2018, relacionados con el uso indebido de conocimientos tradicionales vinculados con recursos biológicos del país.

La CNB en 2018 tenía 45 casos ganados y los 18 casos restantes aún se encuentran en proceso de solución.

La cifra obtenida durante el 2018 representó un incremento del 91% respecto del año 2017, en el que la CNB detectó un total de 35 casos.

Entre los casos más destacados identificados por la CNB, están los relacionados con el uso de la sangre de grado (26), la maca (24), Sacha Inchi (08), Tara (03), Camu Camu (02), Pasuchaca (02), Yacón (01), entre otros.

La CNB identificó estos casos, de manera principal en países como Estados Unidos de América (14), China (11), Japón (10), Corea del Sur (04), Uruguay (04), Australia (03), Argentina (03), Europa (03), Francia (02), Canadá (02) y Filipinas (02).

Elaboración propia con base en información obtenida de Indecopi (2019).

A pesar de la biopiratería, desde hace casi 30 años se discute en distintos foros acerca de la necesidad de proteger los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos y no hay avances importantes, en la medida que no se ha entendido que los pueblos indígenas tienen una forma de ver el mundo distinta de la nuestra.

En Colombia el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas se sigue tratando como un recurso de libre acceso y se propicia su explotación sin compensación por parte de nacionales y extranjeros (Nemogá, 2001; González y Duque, 2008; Nemogá, 2016). Desde hace años se ha identificado un desarrollo incompleto del marco jurídico de Acceso a los recursos genéticos y Distribución de Beneficios (ADB) especialmente en lo que respecta al conocimiento tradicional asociado a la utilización de la biodiversidad, para el cual no existe reglamentación, salvo el contrato de acceso anexo sobre el componente intangible, conforme la Decisión 391.

Las políticas de acceso a los recursos genéticos que se han adoptado no han acogido las preocupaciones de los pueblos indígenas, por el contario han buscado promover los intereses e inquietudes de la industria de biotecnología (Conpes 3697 de 2011) y cosmética (Resolución 1348 de 2014) y de los investigadores académicos (Decretos 1375 y 1376 de 2013). Sin embargo, con el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución Política colombiana, el Estado colombiano  está obligado a responder ante las necesidades, pensamientos e ideales, de estos pueblos. Como todavía no ha hecho, el SNIA podría ser la oportunidad para hacerlo.

Ausencia de coproducción de políticas de ABS con los pueblos indígenas  

En este contexto, mi proyecto de investigación propone tener en cuenta la nueva  forma en que las organizaciones del gobierno y las sociedades han venido modificando el prototipo de construcción de políticas públicas, partiendo de conceptos emergentes de la integración mundial, como las nuevas nociones de coproducción de políticas, como una nueva forma de construir políticas públicas.Desde esta perspectiva,  la racionalidad estatal no debería ser el punto de partida para la construcción de la acción social frente a la cosmovisión de los indígenas, por el contrario  el aparato público debería volverse un actor más dentro de la sociedad red y no el principal tomador de decisión en las políticas de acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios..

Si bien es cierto, existe una vasta producción científica sobre la estrecha relación de los pueblos indígenas con la sostenibilidad. Se desconoce por qué los pueblos indígenas de Colombia, ricos en conocimiento tradicional, cultura, identidad y recursos naturales, no son protegidos por las políticas de acceso a los recursos genéticos y siguen siendo muy vulnerables a la biopiratería. ¿A qué se deben estas brechas? Primero, los pueblos indígenas no son tenidos en cuenta. Segundo, cuando son tenidos en cuenta, no se obtienen los resultados esperados por ellos porque las políticas no responden a sus necesidades, ni a su entendimiento de sustentabilidad, ni toma en cuenta su cultura y formas de organizarse para la toma de decisiones. Hay que promover su participación en la toma de decisiones y conocer su cosmovisión y cultura. La exclusión de los pueblos indígenas tiene que ver con una incomprensión de sus modos de vida. Reconocer esta diversidad implica que las soluciones estandarizadas no funcionan para todos y que se debe ofrecer otras adaptadas a su realidad y su cosmovisión, donde la base de su fortaleza social, cultural y económica dependa, en gran parte, de la integridad de sus tierras y territorios.

Este desconocimiento no es exclusivo de los actores políticos. En términos generales, hasta ahora estas temáticas han recibido poca atención por parte de las ciencias sociales, a pesar de que desde hace casi treinta años se discute en distintos foros internacionales y nacionales acerca de la necesidad de protección de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, sin avances importantes, en la medida que no se ha entendido que los pueblos indígenas tienen una forma de ver el mundo distinta de la nuestra. Es así como, se nota una ausencia de los elementos de desarrollo sustentable, la diversidad biocultural y el “buen vivir” en las políticas de acceso a los recursos genéticos, a pesar de ser principios fundamentales para de los pueblos indígenas. Esto es llamativo, ya que el análisis de los saberes de los pueblos indígenas es un tema clásico en la sostenibilidad ambiental para las ciencias sociales tanto en Europa como en América Latina. Por lo anterior, el presente de investigación de la referencia busca contribuir a llenar ese vacío.

La sostenibilidad ambiental y la estrecha relación con los pueblos indígenas

Es más que urgente tratar temas ambientales, como los que propone este proyecto ya que estamos en un grado de deterioro ambiental mayor que en la década de los setenta del siglo pasado, cuando los asuntos ecológicos entraron en la agenda global. Como lo señala Martínez Castillo (2011) “la pérdida de la diversidad genética, de especies y de ecosistemas constituye uno de los mayores peligros para el futuro de la humanidad a lo largo del siglo XXI. Actualmente, la biodiversidad se está degradando más rápido que la regeneración de los procesos naturales (agua, suelo, animales). Así, una serie de especies viven un proceso acelerado de extinción” (p. 36). La erosión de la biodiversidad natural va de la mano con la disminución de la diversidad cultural (Martínez Castillo, 2011 p. 37). Colombia se caracteriza por trayectorias profundas de cambio de su biodiversidad que afectan ineludiblemente el bienestar de sus comunidades y hasta su pervivencia (Andrade et al., 2018). Se observa que el asunto de la sostenibilidad ambiental ha dominado más la retórica y la voluntad que la solución concreta a los problemas.

En este contexto, es importante contribuir a la producción de saberes en el espacio que corresponde actualmente a América Latina y el Caribe, con conocimientos teóricos y empíricos en las humanidades y las ciencias sociales, que trabajen  conceptos como desarrollo sustentable, diversidad biocultural y el “buen vivir” para determinar si una forma de superar la retórica es trabajar conceptos latinoamericanos que no respondan a modelos teóricos europeos o estadounidenses y que sirvan para la interpretación de realidades latinoamericanas.

Se toma el caso de las políticas de acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios  en Colombia como un indicador de los procesos que ocurren en América Latina y el Caribe , teniendo en cuenta que como lo constatan Góngora y Motta (2014, p. 428 y 429), el caso colombiano es una “verificación más de un acelerado proceso de mercantilización de la naturaleza y reestructuración neoliberal de la agricultura, que se replica en diversos confines del planeta, y que se caracteriza por regulaciones neoliberales promovidas por empresas transnacionales en el intento de consolidar una agricultura global”.

Los hallazgos preliminares del proyecto de investigación permiten concluir que desde una perspectiva académica y política el Estado debe avanzar hacia la práctica de elaboración de políticas inclusivas que también incorporen a las minorías étnicas, incorporando una mirada desde una gestión sustentable, de diversidad biocultural y buen vivir. De igual forma, la academia debe avanzar en una agenda de investigación de políticas públicas que incorpore una perspectiva étnico-racial, que obedezca a las particularidades ambientales y culturales de América Latina y el Caribe.

 

Referencias bibliográficas

Andrade G. I., Chaves, M. E., Corzo, G. y Tapia, C. (eds.). (2018). Transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad. Gestión de la biodiversidad en los procesos de cambio en el territorio continental colombiano. Primera aproximación. Bogotá: Ins­tituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Góngora-Mera, M., Motta, R. (2014). El derecho internacional y la mercantilización biohegemónica de la naturaleza: la diseminación normativa de la propiedad intelectual sobre semillas en Colombia y Argentina. In Facultad de Ciencias Humanas. Grupo Cultura y Ambiente: Berlín (Ed.), Desigualdades socio ambiéntales en América Latina colección general perspectivas ambientales/ Bárbara Göbel, Manuel Góngora-Mera, Astrid Ulloa (pp. 395–435). Bogotá D.C: Ibero-Amerikanisches Institut, Biblioteca Abierta Colección General, serie Perspectivas Ambientales.

González, P., Duque, S. P. (2008). Los componentes tangibles e intangibles de la Biodiversidad: una mirada socio-jurídica. Revista ACTA Geográfica, 3(II), 07-17. https://doi.org/10.5654/a

Indecopi (2019). Comisión Nacional contra la Biopiratería ganó 45 casos a nivel internacional.

Martínez Castillo, R. (2011). Biopiratería y pueblos indígenas: crítica y realidad. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, 20(1), 27–38.

Nemogá, G. R. (2011). Régimen de propiedad sobre recursos genéticos y conocimiento tradicional. Revista Colombiana de Biotecnología, 3(1), 17–35.

______________ (2016). Marginación de los derechos indígenas en los temas de biodiversidad y conocimiento tradicional: el caso colombiano. In Biodiversidad y propiedad intelectual en disputa: situación- propuestas y políticas públicas (Revista Universidad Nacional, Vol. 1, pp. 241–267). Lima.

Roth Deubel, A.-N. (2016). Dispositivos democráticos de innovación pública para la formación de las políticas públicas (pp. 2–11).

Subirats, J. (2015). Políticas urbanas e innovación social. Entre la coproducción y la nueva institucionalidad. Criterios de significatividad. In Innovación Social y Políticas Urbanas en España. Barcelona: Icaria Editorial.

Uvalle Berrones, R. (2011). Las políticas públicas en el arquetipo de la gobernanza democrática. Revista Del CLAD. Reforma y Democracia, 50(50), 2–6.

Valdivieso Cervera, G. E., Rangel Parra, V. (2019). Coproduciendo en español: hallazgos y nuevas preguntas al estudiar la literatura sobre coproducción de políticas en lengua española. Opera, (24), 95–116.

Zurbriggen, C., Sierra, M. (2017). Innovación colaborativa: el caso del Sistema Nacional de Información Ganadera. Agrociencia Uruguay, 21(13), 140–152.

 

 

 

 

 

 

 

[1] No hay una definición universalmente aceptada de “biopiratería”, ni hay un instrumento jurídico internacional que utilice este concepto de manera explícita.